Desde las comunidades vemos con preocupación e indignación como, una vez más, se nos excluye de la discusión de los temas relacionados al desarrollo integral del distrito del Puinahua, vulnerando el ordenamiento jurídico especial vinculado a la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar del marco normativo que ampara nuestros derechos colectivos, a las comunidades no se nos ha consultado, no se nos ha informado, ni mucho menos se nos ha invitado a participar de procesos de diálogo para discutir la aprobación e implementación de los denominados planes de desarrollo.
Recordemos que el Convenio 169 de la OIT en su Artículo 6, Inciso a señala: “Los gobiernos deberán Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
Del mismo modo en el Artículo 7, Inciso 1 indica: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Queda claro que, tanto el alcalde, como el gobierno regional pretenden imponer acciones de “desarrollo” sobre temas de salud y educación; priorizando e identificando proyectos de inversión sin tomar en cuenta las realidades y también los derechos que tenemos para identificar nuestras prioridades.
Y mientras a las comunidades no se nos convocó, consultó, o informó, sin embargo, los temas de desarrollo y de salud se vienen discutiendo con la participación de la empresa Petrotal, operadora del Lote 95, uno de los responsables de la contaminación del Puinahua y el más interesado en que el derrame de petróleo registrado el 5 de marzo del 2024 quede sin ninguna sanción.
La participación de Petrotal en estas reuniones y en la toma de decisiones respecto al desarrollo del distrito, demuestra un alto grado de corrupción, pues quién está interesado en demostrar que no hay contaminación, ahora gracias al alacalde y otros, participa en las discusiones y acuerdos sobre temas propios del Estado, como es la salud, en consecuencia cualquier decisión estará supeditado al poder y los intereses corporativos de la empresa.
Petrotal no tiene ninguna competencia en estos temas, pero con su poder económico pretende condicionar el desarrollo del distrito a la subordinación y control de las autoridades distritales y regionales, y con esto garantizarse que la ley no les alcance para ser sancionados por los graves hechos de contaminación, por el incumplimiento del estudio de impacto ambiental y por los graves impactos sociales que ha generado en el distrito.
Ese siempre ha sido su principal interés. Este tipo de injerencia no deben permitirse.
Denunciamos este hecho ante la opinión pública y solicitamos la intervención de la Fiscalía y de la contraloría debido a que el gobierno regional y la municipalidad del Puinahua, están promoviendo la presencia de la empresa, para diseñar políticas de salud, aprobar acciones de intervención y elaboración y observación de expedientes de proyectos de desarrollo.
Se debe investigar todas las irregularidades e implicancias ilícitas de estas reuniones, toda vez que lo que debería hacer el gobierno regional y la municipalidad es denunciar a estas empresas que contaminan y hacerlas responsables por los crímenes ambientales.
Huacrachiro, 22 de abril del 2024.